LA REGLAMENTACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA: UNA ESTRATEGIA DE DEGRADACIÓN DEL DERECHO

Abstract

En el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho fundamental de consulta previa del cual son titulares las comunidades étnicas tiene ya unos treinta años de haber sido estrenada o por lo menos discutida en el seno de la Corte Constitucional de este país. En los muchos casos en los que este derecho ha sido protagonista en los debates de esa corporación judicial, se han involucrado los más espesos y estructurales temas de la sociedad colombiana: el derecho a las tierras, educación, reparación a las víctimas del conflicto armado, los planes de desarrollo nacional o los proyectos extractivistas de recursos naturales. Por tanto, en el ejercicio de la Consulta previa, se han visto enfrentadas las visiones de desarrollo y de vida de las comunidades étnicas y de la institucionalidad. Por ello, en muchas ocasiones los intereses de la institucionalidad han encontrado como contención a las comunidades que en el ejercicio de su derecho de consulta ha frustrado algunas iniciativas gubernamentales que se han querido imponer sin un dialogo social o por lo menos, sin escuchar las voces de estos pueblos. La respuesta del Estado ha sido, de manera sistemática, desmoronar y dejar sin dientes el derecho de consulta previa, para cuyo propósito, ha utilizado las facultades de reglamentación del ejecutivo o de definición de derechos fundamentales del legislativo. En este artículo revisaremos algunos ejemplos de esas reglamentaciones nugatorias del derecho de consulta previa.